Hubiera colocado a la provincia como líder del cuidado ambiental y sanitario, pero quedó en media sanción. La había aprobado Diputados pero en la Cámara Alta santafesina no lo trataron. Recuerdan la decisión de un juez para la ciudad de San Jorge.
Como consecuencia de la producción agrícola, en la Argentina se esparcen cada año, por habitante, unos 10 litros de venenos varios. No es que se vuelquen directamente sobre la cabeza de cada persona. Pero a modo de alerta vale plantear la cuenta, que surge de dividir los 400 millones de litros de pesticidas insumidos por la tecnología de cultivos predominante –basada en la dupla transgénicos/agroquímicos– por la población proyectada en el último Censo Nacional. Y Santa Fe cerró el año legislativo sin aprovechar la oportunidad de sancionar una norma que la hubiera posicionado como la provincia más rigurosa en el control de estos plaguicidas: el jueves pasado, un día antes de que se conmemorara el “Día mundial contra el uso indiscriminado de pesticidas”, el Senado local clausuró sus sesiones ordinarias sin tratar la modificación a la ley de Fitosanitarios que tenía media sanción en Diputados. Así, postergó la posibilidad de afinar la mira sobre las distancias mínimas a los centros urbanos que deben respetar las aplicaciones de sustancias cuyos daños vienen denunciando habitantes de numerosos pueblos de Santa Fe.
Con el inicio de la nueva campaña de la soja, y los augurios de siembra récord, se renovó en todo el país el debate sobre el derivado más visible –no el único– del modelo agrario hegemónico: el de los efectos sobre el ambiente y la salud producidos por el creciente volumen de plaguicidas que requiere el complejo agroalimentario sustentado en la manipulación genética. No es para menos. Por año, se vuelcan sobre el territorio nacional entre 250 y 300 millones de litros sólo de Glifosato, el herbicida ligado a la “estrella” del cultivo transgénico. Con los restantes insecticidas, fungicidas y herbicidas con que se inocula maíz, trigo y girasol pero también las huertas en las que se cosechan hortalizas, frutas y verduras, el volumen asciende a 400 millones. Cifras a su vez conservadoras: sin estadísticas oficiales, se apoyan en los informes de las entidades ligadas a la actividad que contemplan lo que deja ver un conglomerado de negocios cuya real magnitud se oculta tras un alto índice de operaciones “en negro”.
Hay dos ejes de debate. Uno es el cuestionamiento al método con que se clasifica la peligrosidad de los agrotóxicos. El otro, cómo regular su aplicación, un punto clave ya que la alta rentabilidad induce a sembrar –y fumigar– sobre los mismos límites de las zonas urbanas.
Son dos aspectos complementarios, pero competen a diferentes instancias. “Para que los agroquímicos lleguen legalmente a la gente tiene que haber tres normas que lo permitan: una nacional, una provincial y otra local. La Nación tiene la incumbencia de aprobar los pesticidas y clasificarlos. Las provincias, la de regular la aplicación en su territorio . Y dicen lo siguiente: si es muy tóxico se lo tiene que aplicar lejos de donde vive la gente, y de lo contrario se lo puede hacer cerca, lo que significa al otro lado de la medianera o la calle”. Así resume la encrucijada Claudio Lowy, ingeniero forestal y master en Desarrollo Humano Sostenible. “En Santa Fe hay una muy buena discusión sobre la modificación a la ley de Fitosanitarios, para que se fumigue más lejos de los límites urbanos”, destaca el experto, quien tras varios reclamos consiguió que la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendara al Senasa cambiar el método con que rotula los agroquímicos.
NO ES SÓLO LA SOJA
Si bien la soja RR de Monsanto y su inseparable Glifosato son la punta de lanza de los temores, por su escala de uso, es todo el modelo el que está bajo la lupa. “En la producción de hortalizas es alarmante, hace 20 años la estudiamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, pero lo mismo pasa en Rosario, Santa Fe, las áreas hortícolas de Córdoba, La Plata o el Alto Valle de Río Negro: la cantidad de plaguicida que se utiliza es altísima. No sólo para aumentar los rindes, sino también para realzar la «calidad formal» que reclaman los consumidores. Esto lleva a que los productores hagan entre 20 y 24 aplicaciones distintas de plaguicidas en sus invernáculos. Gran parte termina en la mesa, y es la respuesta de por qué tenemos tantas afecciones”. Lo dice el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, investigador de la UBA y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas. Menciona como ejemplos al fungicida Captan, “que se aplica en pimientos hasta días antes de la cosecha”. Y al Endosulfán, el insecticida utilizado en tomate, lechuga o papa. Su alta toxicidad ya hizo que se lo prohibiera en 70 países y obligó a la empresa que lo desarrolló, Bayer, a discontinuar su producción. Pero en la Argentina está permitido, si bien con la máxima clasificación de toxicidad.
El Glifosato, en cambio, está considerado como moderadamente nocivo, y rotulado con la “Banda Verde” que permite aplicarlo sin grandes restricciones. “Esta clasificación es la que cuestionamos. Está basada en una resolución de 1999, cuando Felipe Solá era secretario de Agricultura de la Nación. Es la llamada Dosis Letal 50 (DL50), que sólo contempla la toxicidad que causa la muerte a corto plazo. Toma una muestra de ratas a la que se le aplican sucesivas dosis del producto para determinar la que mata al 50 por ciento de los cobayos en 24 horas, es decir en forma aguda y rápida. Este sistema no evalúa las dosis sub-letales y las crónicas. Las primeras son las que no matan pero enferman: abortos espontáneos, cáncer, daños neuronales, alergias. Todo lo que padece la población cercana a los campos fumigados”, relata Lowy. Y sigue: “Tampoco evalúa los daños crónicos. Qué pasa si la gente es fumigada en esta campaña y los daños se revelan el año que viene, o qué sucede si es fumigada en forma repetida con aplicaciones pre o post emergentes (antes y después de la siembra), con soja de primera y segunda, o antes con el trigo”. Por eso, recalca: “Pedimos que se consideren todos los daños. Y que hasta tanto, los productos sean catalogados como Banda Roja para que se fumigue lejos de la gente, porque no se conocen sus efectos”.
Esto es precisamente a lo que apunta en paralelo el proyecto santafesino. Llamativamente, fue una iniciativa de los diputados justicialistas Federico Reutemann –sobrino del agroempresario Lole–, Adrián Simil y Silvia de Césaris, quienes finalmente no la votaron. El empuje vino entonces de los legisladores socialistas, inclusive con el aval inicial del Ejecutivo provincial. Así logró media sanción en la Cámara baja, pero quedó “dormida” en el Senado por el rechazo del reutemismo.
El texto aprobado el pasado 1º de julio por Diputados impone modificaciones a la permisiva ley 11.723 de Fitosanitarios de 1995. Prohíbe la aplicación de productos tóxicos y moderadamente tóxicos –bandas Roja y Amarilla– a menos de 3.000 metros de los límites urbanos para pulverizaciones aéreas, y a 1.000 para terrestres. Pero en el caso del Glifosato, que el Senasa considera de toxicidad leve en función de la clasificación DL50, la iniciativa “prohíbe su aplicación a menos de 1.000 metros del límite urbano si es aérea, y a menos de 500 si es terrestre”.
SOBRAN DENUNCIAS
“Terminó el año legislativo, arrancaron fumigando y van a seguir. Los legisladores se reunieron muchas veces con gente que tiene intereses económicos, y no con nosotros que sólo reclamamos vivir en un ambiente digno y sano. Diputados y senadores recibieron a Federación Agraria, a la Sociedad Rural, a los colegios de ingenieros agrónomos, pero nosotros para que nos escuchara el gobernador tuvimos que montar una carpa y hacer ruido”, reprocha Bettina Righetti, vecina de la ciudad de Rufino y redactora de una reglamentación local para el control de fumigaciones tomada como modelo en un reciente foro realizado en Ecuador. Righetti se refiere a la movilización de habitantes y organizaciones de la provincia a la capital santafesina el 4 de noviembre pasado, tras la cual fueron recibidos en forzada audiencia por el gobernador Hermes Binner. Le entregaron un petitorio con 14 mil firmas por el cual piden que la Casa Gris extienda a toda Santa Fe las restricciones que impuso el juez Tristán Martínez para la ciudad de San Jorge: prohibición de las pulverizaciones terrestres con Glifosato a menos de 800 metros del límite urbano. El magistrado apeló al llamado principio precautorio, que invierte la carga de la prueba y ante la sospecha fundada de daños a la población, exige a las autoridades y los fabricantes que demuestren la inocuidad del pesticida denunciado.
Con todo, ni este fallo judicial fue respetado. “Hubo dos violaciones: una fumigación terrestre autorizada irregularmente por el Municipio y otra aérea”, acusa David Ércole, vecino de San Jorge y promotor del recurso de amparo. Pero destacó que esta “reincidencia” avaló la solidez de las denuncias: “La niña Aylén estuvo de nuevo muy mal de salud con las nuevas aplicaciones . Se comprobó así que son las pulverizaciones las que le producen los bronco-espasmos que obligaron a tratarla con altas dosis de broncodilatadores”.
La expansión de la frontera agrícola origina también la de las denuncias de poblaciones y ambientalistas sobre los daños del “modelo transgénico”. Hasta ahora, sólo hay promesas de estudios y leyes “cajoneadas”.
Fuente: El Ciudadano
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